La sociedad
española actual ha sufrido un profundo cambio en las últimas décadas, lo que
traducido al ámbito religioso puede considerarse incluso abismal. Así de la
“España católica”, tradicionalista (“del Imperio hacia Dios”), hemos llegado a
una “España laica” (acaso más indiferente que no creyente), que además está
inserta en una cultura secular, pese a que nominalmente el número de españoles
católicos sea mayoría.
Esta sociedad que es
multicultural con aportes de diversas culturas de sectores sociales en
inmigración, ha planteado la generación de diversos grupos de diferente credo
religioso, algunos de los cuales va teniendo significativa presencia, aún en
minoría, que ha de respetarse en el conjunto general, de una sociedad
democrática, libre y plural.
Por
consiguiente, se hace necesario replantear la actuación del Estado (en
concreto, del ámbito público institucional, en sus diversos ámbitos) en el
hecho religioso; y acaso, puede que fuera necesaria la revisión de los Acuerdos
con la Santa Sede, para adaptarlos a la cambiante realidad social española
actual, en la que ya no cabría hablar de trato de privilegio a una determinada
confesión, como habitualmente ha sido el caso de las relaciones del Estado
español con la Iglesia católica.
De lo
contrario, no sólo se podría estar cometiendo una injusticia social, por trato
desigual –que podría ser anticonstitucional- en razón del credo religioso, sino
que si, por el contrario, se pretendiera igualar el trato que se da a la
Iglesia católica con respecto a la generalidad de grupos religiosos, la
complicación del protocolo de actuación pública alcanzaría límites
inimaginables, hasta dejar patente la práctica imposibilidad. Por tanto, parece
más lógico, extender un trato igualitario de relaciones, pero concluir ante
cualquier tipo de colaboración en el ámbito institucional; en cuyo caso, habría
que dar por concluidas las capellanías de prisiones, de los hospitales, del
ejército, etc. De manera que cada fiel creyente, actúe en público como deba de
hacerlo y le dicte su conciencia, pero las manifestaciones litúrgicas
religiosas, las reserve para su ámbito doméstico o grupal (su templo, mezquita,
sinagoga, salón, etc.). Algo en lo que el Estado no debe entrar, una vez respetados
los derechos y libertades públicos de cada grupo, en evitación de actuaciones
sectarias de índole criminal.
Un caso del
anacrónico desfase cultural se está dando en la Universidad Complutense de
Madrid que contando con 8 capillas católicas, pretende cerrarlas para su uso
docente (como aulas universitarias), dando opción a dejar alguna de ellas
previo pago del uso de la misma por parte del arzobispado de Madrid. Entre
tanto, algunos presbíteros junto a universitarios están celebrando misa en los
pasillos de la Universidad, en señal de protesta por la pretensión del
rectorado.
Este conflicto
se habría ahorrado si se hubiera solventado ya esta cuestión, pues la
feligresía universitaria, afortunadamente tiene templos próximos a su lugar de
estudio donde poder rezar; debiendo tener claro que a la Universidad se va a
estudiar e investigar. Y ambas actividades no están encontradas, pero tampoco
han de estar mezcladas, más allá de una madura y coherente conciencia del fiel
creyente que en su trabajo habrá de actuar según sus creencias, y rezar a Dios
(como dijo Jesús, en lo oculto de tu estancia, no para que te vean). Pues
también dijo que no todo el que dijera “Señor, Señor” era digno de El.
Con esto,
quiero introducir una breve pero clara reflexión sobre posibles actitudes
hipócritas, intransigentes y faltas de caridad, que nos imposibilitan
acercarnos a la humanidad del prójimo sufriente y poder quererle –como Dios
mandó-; so pretexto de diferencias de credos, ostentaciones de estado y
privilegios. En definitiva, ¡dar la nota!; en vez de estar cercano al otro, ser
signo de unión en la diversidad.
En este
sentido, creo que la Iglesia española ha de empezar a replantearse muchas cosas
en esta línea, como sería el caso del pago de los impuestos –como cualquier
otra persona física o jurídica en España, en concreto el IBI-, muy necesario y
conveniente siempre, pero especialmente más en momentos de crisis económica en
que toda recaudación es poca para atender a tanta necesidad social; pasarle al
Estado el mantenimiento junto con la exhibición de museos y demás patrimonio
artístico y suntuario; dejar los “palacios episcopales”, y aplicar tantos
inmuebles a recoger a las familias desalojadas por los desahucios bancarios. Y
junto con ello, apartarse de toda gestión financiera (en sus diversas formas de
explotación bancaria); para finalmente redefinir la línea editorial de la
Cadena COPE y de 13 Tv (de titularidad eclesiástica) que no parecen ser reflejo
del “sensus fideli” del pueblo cristiano español.
Todo ello,
habría de suponer una “kenosis eclesial” (un vaciamiento de su propia realidad
económico social) a favor de una Iglesia más evangélica según el testimonio de
Cristo y los Apóstoles, algo que no le debería ser ajeno a la Iglesia, por
cuanto el propio Dios se hizo hombre y descendió hasta la muerte en cruz para
su gloriosa resurrección. He ahí el milagro que en la fe de Cristo cabría
esperar, desde nuestra Iglesia española, más pequeña, más débil, humana,
cercana y fraterna, que sea instrumento de paz y concordia, no de discordias
falaces.
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