Instituto Emmanuel
Mounier - Asociación Civil
Las mujeres y los hombres que formamos parte del Instituto E.
Mounier, frente a quienes propugnan hoy una nueva ley del aborto, afirmamos:
El valor inviolable de la vida
humana
Afirmamos que toda vida humana tiene una dignidad y un valor
inviolables. Ninguna consideración legal, cultural, política, científica o
económica puede autorizar a disponer de esa vida y mucho menos a eliminarla.
Ninguna votación puede legitimar un atentado contra la vida humana.
Porque estamos hablando de vida
humana
Desde el momento de la concepción estamos en presencia de una vida
humana diferente a la de la madre que la alberga y del padre que contribuyó a
engendrarla. Esta realidad es indiscutible. Por la aplicación del principio de
prudencia, bastaría incluso con que cupiese la menor duda al respecto para que,
por precaución, se protegiera esa vida humana. Por lo tanto, es a aquellos que
defienden que esa vida humana puede ser eliminada a voluntad a los que
corresponde la carga de la prueba: si no pueden probar, más allá de cualquier
duda razonable, que no estamos tratando con una vida humana diferente de la
madre, tampoco pueden defender la legitimidad de su eliminación.
El aborto no es un derecho
Nadie tiene derecho a disponer de una vida humana. El fruto de la
concepción no es una parte del cuerpo de la mujer, sino una vida humana
diferente, y, por tanto, no se le puede reconocer a la mujer el derecho a
abortar.
El carácter socialmente
conservador-reaccionario del aborto
Para algunas mujeres, quedarse embarazadas supone enfrentarse a un
drama, porque puede llevarles a perder su empleo, sufrir rechazo social, etc.
En lugar de afrontar estas circunstancias objetivas de injusticia y apoyar a
las mujeres para que en ningún caso vean recortados sus derechos y su bienestar
por la maternidad, el aborto representa una medida conservadora que deja
intactas las situaciones de opresión de la mujer y responsabiliza a ésta de
“resolver su problema”. Es la solución fácil, conservadora e insolidaria. Se da
la espalda a la mujer, de manera que la transformación de las condiciones
sociales injustas que la llevan a abortar se hace innecesaria. ¿Para qué
destinar recursos a educación sexual, a guarderías públicas gratuitas, a
permisos de maternidad decentes (seguimos a la cola de Europa), a medidas
laborales y sociales que protejan efectivamente a la mujer y a su familia? Para
muchos, en esta sociedad, es mejor que aborte; así podemos mantener la
tranquilizadora ficción de que es ella quien decide libremente y podemos
mantener el orden socioeconómico establecido. Que ella se apañe con su drama.
Frente a este cinismo, nosotros decimos ¡no!: todos y cada uno somos
responsables.
El aborto, forma extrema de
violencia contra la mujer
En la propaganda oficial se incide exclusivamente en aquellas
situaciones más dramáticas en las que una mujer quiere abortar y no se le
permite hacerlo. ¿Es menos dramática la situación de aquellas mujeres que no
desean abortar y se sienten presionadas a ello por su pareja, su empleador o su
familia? ¿Sólo las mujeres que desean abortar son dignas de apoyo? No podemos
cerrar los ojos a la realidad: lo que se intenta presentar como un derecho de
la mujer, como un progreso en la emancipación femenina, demasiadas veces no es
más que una terrible forma de violencia contra la mujer, en aquellos casos en
que el aborto se produce por la presión de la pareja, la familia, el empleador
o el qué dirán. Esta realidad incómoda es especialmente patente en casos como el
feminicidio prenatal masivo en la India (por la presión social: la necesidad de
dar una dote a las hijas puede llevar a la miseria a una familia) o en China
(por la suma de la presión gubernamental y su política del hijo único, y el
machismo social que prefiere que el hijo único sea un niño). Millones de
mujeres son eliminadas cada año antes de nacer sóloporque son mujeres. Presentar como derecho esta forma de
violencia contra las mujeres sólo porque se ejecuta antes del parto, y no
después, es sangrante y demencial.
El padre existe
En la legislación actual y en las reformas que se proponen, el
papel del hombre que ha engendrado esa nueva vida humana es prácticamente
inexistente. Nosotros reconocemos su plena corresponsabilidad y reclamamos que
se contemple esta corresponsabilidad a todos los efectos en la legislación,
tanto en los derechos como en los deberes.
No a la despenalización
Sabemos que se dan situaciones excepcionales de enorme dramatismo,
y para ellas existen los atenuantes que sean necesarios. Pero también sabemos
que hay empresarios matarifes, médicos y sanitarios sin escrúpulos, mujeres que
emplean el aborto una y otra vez sin situación de necesidad alguna, como si
fuera un método anticonceptivo. Todas estas conductas, cada una en su justa medida,
merecen una reprobación social que sólo se tomará en serio si se aplica todo el
peso de la ley sobre quienes la violen. La legislación penal en España no está
concebida primordialmente como castigo, sino que cumple también una función
pedagógica y disuasoria, al expresar de la manera más clara el rechazo social
que despiertan determinadas conductas. Esto ha quedado patente, por ejemplo,
con el endurecimiento de las sanciones para las infracciones del tráfico: lejos
de llenarse las cárceles de conductores, como preveían los agoreros, este
endurecimiento de la legislación ha reducido significativamente el número de
víctimas de la carretera, salvando cientos de vidas cada año. Si queremos
reducir el número de abortos, no podemos renunciar a la legislación penal.
La actual ley
El tercer supuesto de despenalización del aborto, en la ley actualmente vigente, se ha convertido en un coladero por el que se ha introducido de
hecho el aborto libre. Para evitar este fraude de ley se propone liberalizar el
aborto. Nosotros, que también estamos contra la ley vigente, creemos que es
intolerable este fraude de ley y que, si las Administraciones hicieran cumplir
la ley, se reduciría mucho el atroz número de abortos.
Experiencias de otros países
Desde los defensores del aborto libre se reclama la equiparación
de nuestra legislación con la de otros países en las que el aborto se reconoce
como derecho. Nosotros pensamos que el debate público sobre el tema debe
examinar no sólo las legislaciones sino también las experiencias de países en
los que existe este aborto hace mucho tiempo. Los ciudadanos tienen derecho a
saber que en muchos de estos países no sólo no se ha reducido el número de
abortos, sino que se ha comprobado a lo largo de las décadas que el aborto
produce también graves secuelas individuales y sociales. Países pioneros como
Rusia o el Reino Unido son hoy escenario de encendidas polémicas y movimientos
contrarios que deberían darse a conocer también en España.
Es necesario un debate público
no manipulado sobre el aborto
Nos enfrentamos a un juego con las cartas marcadas, pero éstas no
se pueden manejar en nombre de todas las mujeres, dado que también existen
otras voces discordantes sobre la referida ley, que defienden que la persona
debe ser siempre la medida de todo. Los medios de comunicación y el parlamento
no pueden ocultar o acallar las voces que discrepan de su línea ideológica.
Todas las partes deben ser escuchadas sin prejuicios.
El drama del aborto y sus
secuelas
En la discusión pública se debe tener en cuenta las secuelas que
puede producir el aborto, especialmente las repercusiones psíquicas para la
mujer, como el conocido y silenciado “síndrome postaborto”, vivido con
frecuencia en la soledad e incomprensión y cuyas consecuencias pueden llegar a
ser trágicas (depresiones y otros trastornos psiquiátricos, incremento de la
tasa de suicidios, de siniestrabilidad, etc.).
Contra la eugenesia
Denunciamos el genocidio silencioso que se está produciendo
al amparo de la actual ley del aborto (y que sólo puede aumentar si ésta se
amplía). En la actualidad, por ejemplo, se elimina al 95% de los fetos
afectados por síndrome de Down. El resultado, según estadísticas fiables, es
que la proporción de personas afectadas por el síndrome de Down ha bajado a la
mitad entre los años 1985 y 2002 (de 14.8 a 8.2 por cada 10.000 habitantes). Igual
que hacían los nazis, decidimos quién es digno de vivir y quién no. Los nazis
lo hacían por mejorar la raza y no reparaban en minucias como si el feto había
nacido o no. Nosotros lo hacemos por motivos “humanitarios” pero, eso sí, sólo
antes de nacer: una vez que nacen les damos todos los medios para que lleven
una vida plena, organizamos juegos olímpicos especiales e incluso les dejamos
hacer preguntas al presidente del gobierno en los programas de televisión. Y
esto por ahora, ya que esta hipocresía social encubre un proyecto antropológico
en el que sólo tienen cabida los “aptos”, los sanos, etc. No tan diferente del
de los nazis, al fin y al cabo. Los siguientes pasos de este proyecto ya están
a la vuelta de la esquina: eutanasia, selección (destrucción) de embriones,
primero para “curar”, luego para elegir el sexo del bebé, el color de ojos… o
algo peor.
Frente al ocaso de la sociedad
y la humanidad
Este proyecto antropológico no sólo no está a la altura de la
dignidad humana, sino que lleva también al ocaso demográfico y moral de
nuestras sociedades, dejándolas inermes ante el futuro y ante otros proyectos
más cohesionados. Nuestro rechazo del aborto es sólo el lado negativo que
acompaña necesariamente una firme actitud de afirmación de la vida humana. Esta
afirmación de la vida reclama enérgicamente la protección de la infancia en
todo el mundo, especialmente en las sociedades más empobrecidas. Según los
datos publicados por UNICEF, 9.7 millones de niños menores de cinco años mueren
cada año, y la mayoría por causas evitables. Estas cifras inaceptables son
indicativas de un desorden moral y político que hay que combatir; pero una
humanidad que tolera millones de abortos nunca tendrá la sensibilidad y el
coraje necesarios para erradicar tantas muertes infantiles.
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